El Tribunal Constitucional niega a Canarias la posibilidad de oponerse a las prospecciones petrolíferas

El Tribunal Constitucional ha desestimado -sentencia de 17 de enero de 2013- el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Canarias. En él, se reclamaba, la competencia ejecutiva para autorizar o no los trabajos de inspección.

 

Como es sabido, Canarias rechaza tajantemente que estas actividades sean desarrolladas en Territorio Canario. Pero aquí surge la pregunta, ¿tiene competencia una Comunidad Autónoma sobre las aguas territoriales?

 

Las competencias del Estado se dividen Constitucionalmente en: exclusivas, compartidas y concurrentes. El mar territorial es competencia exclusiva del Estado, de ahí, que la Comunidad Autónoma de Canarias no pueda oponerse, en ningún caso, a los trabajos de prospección petrolífera que el Estado pretende autorizar.

 

Transcribimos a continuación la noticia comunicada por el periódico “El Día” con fecha 6 de febrero de 2013:

 

“El TC confirma que es el Estado quien da los permisos petrolíferos.

 El Gobierno canario resta importancia al fallo del Constitucional que rechaza el recurso de inconstitucionalidad presentado en 2012 para intentar frenar las prospecciones petrolíferas.

 

La diputada del PP por Fuerteventura Águeda Montelongo anunció ayer que el Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de Canarias, en el que reclamaba la competencia ejecutiva para otorgar las autorizaciones de explotación y permisos de investigación de hidrocarburos en el mar territorial.

 

En el pleno del Parlamento de Canarias, primero, y más tarde a través de un comunicado, Montelongo dijo que se trata de un "nuevo varapalo, y ya van tres", al Ejecutivo regional en su cruzada política en contra de unas prospecciones petrolíferas que pueden traer muchos beneficios para los canarios".

 

Como se recordará, el Ejecutivo autonómico interpuso hace varios años un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 3.2.b) de la Ley 12/2007 entendiendo que, como el mar forma parte del territorio de la Comunidad Autónoma, a ella debe corresponder la competencia para otorgar las autorizaciones y permisos de investigación de hidrocarburos en el subsuelo marino, como parte de su territorio archipielágico.

 

En este sentido, y según apuntó la parlamentaria del PP, el TC es claro al respecto al afirmar que "el territorio autonómico canario se extiende al ámbito de los municipios que integran la correspondiente comunidad, y éstos nunca se han extendido ni se extienden hoy al mar territorial, ni siquiera después de la modificación del término archipiélago, incluido en el Estatuto de Autonomía de 1996 en sustitución de territorios insulares y que, según el Gobierno Canario, incluye a las islas y al mar".

 

Precisamente, fuentes del Ejecutivo regional restaron importancia ayer al fallo del TC y remarcaron que el Constitucional solo reconoce competencias de las comunidades autónomas sobre espacios marítimos cuando, expresamente, el estatuto así lo establece. Sin embargo, indicaron estas fuentes, el Constitucional, por no haber sido invocada por ser posterior, no ha tenido en cuenta la existencia de la Ley 44/2010, de aguas canarias, que sí las prevé. Además, apuntaron que, si bien esta sentencia no se puede recurrir, en otras denuncias que hay en trámite se va a invocar la mencionada ley. "Las espadas están en todo lo alto.

 

Esto no cierra, en ningún caso, la cuestión, que está abierta en múltiples frentes", aclararon. Montelongo, por el contrario, insistió en que "no se puede seguir engañando a los canarios con leyes inventadas, que no corresponden más que con ideales soberanistas moribundos que nada tienen que ver con beneficios y creación de empleo", en alusión a la citada norma, "vendida" por Coalición Canaria (CC) y el PSOE antes de las elecciones.

 

A juicio de la diputada del PP, el Constitucional ha sido muy claro: "ni en el Estatuto de Autonomía se incluye una referencia explícita al mar que rodea las Islas ni las aguas canarias, aunque sean archipielágicas, forman parte del territorio según la Ley del Mar y el Derecho Internacional".

 

En este sentido, Montelongo exigió al Ejecutivo canario que deje de mentir sobre el proyecto y de "hacer un ridículo internacional" en relación a la misiva que el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, envió a la ONU y de la que, según aseguró el vicepresidente canario, José Miguel Pérez, no han recibido respuesta.”

 

 

Con esta publicación, Morón & Sainz-Ezquerra abogados, no pretende imponer conclusiones a  nuestros seguidores, tampoco es su intención posicionarse, simplemente desea informar desde un punto de vista plenamente jurídico, para que estos, disponiendo de una perspectiva global del caso, puedan extraer su propia opinión.

 

A continuación les ofrecemos otros enlaces periodísticos relacionados con esta importante noticia:

 

 El País, ABC, Diario de Avisos