El Gobierno andaluz, resultado de una coalición de PSOE e
Izquierda Unida, ha aprobado este 9 de abril de 2013, el Decreto ley 6/2013, de
Medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda.
Entre
otros aspectos, se podrá sancionar con multas de hasta 9.000 euros a entidades
bancarias que cuenten en su poder con viviendas vacías, y se prevé la
expropiación temporal de uso de las viviendas. Incorporamos dos enlaces
periodísticos que desarrollan esta noticia:
Con todo,
la polémica está servida. Y es que la medida tomada por el gobierno andaluz, a
priori, muy bien intencionada, y desde un punto de vista moral, impecable,
puede suponer un punto de inflexión muy peligroso para la libertad y la seguridad jurídica de las personas físicas y jurídicas.
Los valedores de esta medida
defienden su legalidad, basándola en la función social de la propiedad (33.2
Constitución Española), el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada
(art. 47 CE), y en la "justicia" como valor supremo de la
Constitución.
Sin embargo, olvidan los defensores de este decreto, una serie de
cuestiones que sitúan esta norma en el umbral de la ilegalidad, y que por
ende, puede ser fácilmente recurribles ante el Tribunal Constitucional:
A) El
Derecho de propiedad está reconocido constitucionalmente (art 33.2 CE); ¿Por qué se produce entonces, un ataque
directo al mismo?
Es notorio que la situación que vive España es de una
precariedad desconocida, no se vivía una situación tan angustiosa desde hace
años, y es lógico, que los gobernantes traten de buscar soluciones para
resolver problemas tan generalizados como la desigualdad, la pobreza, etc; y
otras circunstancias derivadas de las anteriores como son la falta de medios
para subsistir, los desahucios etc.
El elemento al que alude el gobierno andaluz para tratar de limitar el derecho de propiedad, es la función social que éste debe cumplir, sin embargo, no parece idóneo poner en
cuestión el derecho de propiedad, como instrumento para superar los problemas
de la sociedad, pues podrían adoptarse otras soluciones más actuales y modernas, que no pongan
en duda un derecho tan crucial como el de propiedad. De lo contrario, nos
estaríamos acercando peligrosamente a otro tipo de regímenes más cercanos al
comunismo soviético que a un Estado democrático y de derecho.
Y es que de
momento le ha tocado a los bancos, pero ¿qué ocurriría si en un futuro próximo
se pone en tela de juicio el derecho de propiedad de las familias, o de las
pequeñas empresas?
B) La Legislación en materia de expropiación es competencia
exclusiva del Estado; ¿Por qué una Comunidad Autónoma se otorga el derecho a
establecer sus condiciones en relación al derecho a expropiar?
En este sentido,
la Ley de Expropiación –en vigor desde 1954– reconoce que la potestad
expropiatoria corresponde al Estado, las provincias y los municipios, si bien
el propio Tribunal Constitucional ha reconocido también dicha potestad a las
autonomías. Pero, en este caso, la iniciativa no tendría que ver con el
ejercicio de dicha potestad, sino, con “la regulación de la expropiación
forzosa”, que, como establece la Constitución, corresponde en efecto al Estado
de forma exclusiva.
Por ello, es factible que el Gobierno termine por llevar el
decreto andaluz ante el Constitucional, lo que supondrá que su aplicación se
suspenderá y se demorará años, tantos como se tarde en dictar sentencia.
C) La
libertad como valor superior de la Constitución (art 1 CE) ; ¿Por qué se ataca
a la libertad de las entidades bancarias?
Parece obvio que la libertad es uno de
los derechos que más se pueden resentir con esta medida, y lo que es más
peligroso, se abre la puerta para futuros ataques a su integridad.
Puede
parecer una exageración, pero pongámonos en el caso de que un próximo decreto
de una Comunidad Autónoma, sancione a aquellas familias que matengan su casa
desocupada, o peor aún, que se obligue a tener todas las habitaciones de la
vivienda habitadas. O por ejemplo, que en una empresa familiar se obligue a sus
propietarios a tener sí o sí determinado número de empleados. Hasta ahora estas
medidas pueden parecer fantasías, pero un efecto contagio derivado del decreto andaluz, podría
conllevar medidas no muy lejanas a las anteriormente citadas.
Por otro
lado, desde Morón & Sainz-Ezquerra abogados, creemos que deben distinguirse
dos tipos de situaciones:
1) Aquellos bancos que han recibido dinero del Estado
para poder subsistir, no sólo se les
puede, sino que se les debe exigir ciertos "compromisos sociales".
Por lo tanto, parece correcto que un decreto como el andaluz les afecte.
2) A
los bancos que han cumplido con sus obligaciones, y en los que todo su caudal
económico es privado, no habiendo necesitado ayudas públicas, no parece
correcto que se les requiera una función social, y que por ende se interfiera
en su derecho de propiedad.
Con todo, es evidente que las medidas tomadas por la
Junta de Andalucía buscan paliar una situación de emergencia de miles de
familias, y esto es algo, que desde un punto de vista moral y ético, es de
reconocer. Pero no olvidemos que los bancos, al igual que deberes, también tienen derechos , y estos deben respetarse sin límites, más aún si estos son derechos fundamentales.
Sin embargo, como hemos visto a lo largo de esta publicación, muchas
veces las medidas moralmente aceptables e incluso exigibles, no coinciden con
el derecho, y por ende, con la plena legalidad.
Habría que recordar, que otras comunidades, entre ellas Canarias, están considerando seriamente seguir los pasos de Andalucía.
Ya para finalizar, se ha de manifestar, que para solventar la situación que vive el país en relación a los desahucios y la vivienda, parecen más
acertadas desde un punto de vista jurídico, otro tipo de medidas. Por ejemplo, el pacto con los bancos.
Un exponente claro de esta otra estrategia es Asturias.
Javier Sainz-Ezquerra Méndez, abogado
ejerciente.
