Ya se va conociendo el contenido de la futura Ley de Suelo de Canarias: encontramos en su anteproyecto la posibilidad de regularizar y reformar edificaciones ilegales, lo cual tiene elementos positivos y otros negativos.

Estas posibilidades de regularización y de reforma de edificaciones ilegales, se recogerán en disposiciones transitorias de la futura Ley, no serán de carácter general, y estarán acotadas por gran número de requisitos de carácter territorial, social, económico y cultural.

Se trata de hacer una política urbanística más justa, con la que se trata de evitar situaciones de desigualdad o de injusticia social, tratando de limitar la diversidad de regímenes legales que se dan en el ámbito urbanístico Canario.

En atención a los dos párrafos anteriores, cabe destacar dos situaciones:

-Se posibilita la suspensión, en ciertos casos, de órdenes de demolición dictadas o en trámites cuando las viviendas sean anteriores a abril de 2003 y cumplan hasta ocho requisitos, entre otros:

A) Que sea domicilio habitual

B) Que la unidad familiar del promotor no posea otra vivienda en la misma isla.

C) Que sea solicitante de vivienda de protección oficial.

D) Que los ingresos de la familia sean iguales o inferiores a 5,5 veces el salario mínimo.

E) Que no invada dominio público, etc, etc

-Se creará un censo como última posibilidad de salvación para las viviendas que invaden zona costera. 

Esta Ley ,como es obvio, respetará la normativa estatal de costas, sin embargo, el aludido censo que elaborará el ejecutivo regional podrá salvaguardar del derribo aquellas edificaciones que posean valor etnográfico, arquitectónico, o pintoresco, atendiendo también a su antigüedad, integración en el litoral y finalidad social.

A los ocupantes de estas viviendas se les permitirá solicitar los títulos habilitantes que prevé la Ley de Costas en su disposición transitoria cuarta.

En conclusión, se trata de una normativa que recoge políticas urbanísticas más sociales, lo cual, sin duda, es una noticia positiva. Sin embargo, se corre el riesgo de que sea mal interpretada, y que de las excepciones se haga una norma general, derivando esto en importantes perjuicios para nuestro territorio y su correcta ocupación.

Si desea ampliar la información pulse en el siguiente enlace periodístico: Diario de Avisos