Recordamos nuestra publicación con mayor seguimiento hasta la actualidad, “¿Y quién controla a la Administración?. La pregunta es si cuatro años después ha cambiado algo el panorama.

El 14 de diciembre de 2012 publicamos en nuestro blog “¿Y quién controla a la Administración?. Aquel artículo sigue siendo a día de hoy el más seguido de nuestro blog con casi 600 visitantes. Si desea recordarlo, puede acceder a él en el siguiente enlace: 

http://moronsainzezquerra.blogspot.com.es/2012/12/y-quien-controla-la-administracion.html

En aquella publicación exponíamos la falta de garantías que tenían los ciudadanos en sus relaciones y procedimientos con las Administraciones Públicas, lo que se concretaba en que aquellas vulneraban, sistemáticamente, los derechos de los ciudadanos y sus deberes como poderes públicos. A modo de ejemplo, se señalaba el incumplimiento habitual de requisitos legales tales como los dos intentos de notificación, la audiencia del interesado o la motivación de las resoluciones. 

Por si lo anterior fuera poco, en esa época se barajó, y finalmente se implantó por el Gobierno el pago obligatorio de “tasas judiciales”. El peligro fundamental que suponía esto era que el acceso a la justicia dejaba de ser libre, universal, y un derecho constitucional. Así, ocurrió durante meses, hasta que poco a poco se fue limitando su aplicación, dado el nivel de indignación y de clamor popular que produjo su implantación. 

Y es que en el caso de los procedimientos administrativos, si las Administraciones Públicas incumplían con los mínimos legales, la única opción para controlarlas era acudir a los tribunales, pero si su acceso estaba condicionado al pago de tasas judiciales, mucha gente no se lo podía permitir, o renunciaba a la lucha de sus derechos. De ahí aquel título “¿Y quién controla a la Administración?

Casi cuatro años después, podemos concluír que, en general, la situación ha cambiado a mejor. En primer lugar, por la desaparición de las tasas judiciales. Y en segundo lugar, porque la insistencia de muchos ciudadanos y letrados, poco a poco ha ido teniendo sus frutos. Incluso cabe destacar la participación en esta lucha del “Defensor del Pueblo”, y de los “Defensores del Pueblo” autonómicos -en Canarias, Diputado del Común-. Muchos de ellos, en su momento, pusieron el grito en el cielo y denunciaron los abusos sistemáticos de las Administraciones Públicas. Ello sin duda ayudó a controlar la situación.

A día de hoy, en la mayoría de procedimientos administrativos, especialmente los sancionadores, se respetan los derechos de los ciudadanos. Según nuestra experiencia, en materias tales como Urbanismo, Caza y Pesca, Seguridad Pública, entre otros, se está cumpliendo, salvo excepciones contadas, con los requisitos legales. Por el contrario, sigue habiendo un déficit de derechos, y una peligrosa aplicación del “principio de culpabilidad” en ámbitos tales como Tráfico, o Fiscal (recaudación y devolución).

Ante esta evolución positiva desde el año 2012, debemos alegrarnos, pero sin olvidar que aún quedan muchos derechos y garantías por cuya exhaustiva aplicación debemos seguir luchando.