En la última publicación, ya comentamos la aprobación por parte del Gobierno andaluz, de un decreto-ley para luchar contra los desahucios.
En estos momentos, otras Comunidades Autónomas han recogido el testigo del Gobierno andaluz; entre ellas Canarias.
Este despacho, como ya se explicó en la última publicación, vislumbra una gran polémica, pues la legalidad y constitucionalidad de estas medidas, es considerablemente dudosa.
Por lo tanto, es más que probable, que en breve, comience un reguero de Recursos de Inconstitucionalidad contra estas decisiones.
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