El Gobierno Andaluz aprueba un Decreto-ley por el que se sancionará, y se podrá expropiar, a aquellos bancos que mantengan viviendas vacías.

El Gobierno andaluz, resultado de una coalición de PSOE e Izquierda Unida, ha aprobado este 9 de abril de 2013, el Decreto ley 6/2013, de Medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda.

 

Entre otros aspectos, se podrá sancionar con multas de hasta 9.000 euros a entidades bancarias que cuenten en su poder con viviendas vacías, y se prevé la expropiación temporal de uso de las viviendas. Incorporamos dos enlaces periodísticos que desarrollan esta noticia:

 

Periódico Digital, El País

 

Con todo, la polémica está servida. Y es que la medida tomada por el gobierno andaluz, a priori, muy bien intencionada, y desde un punto de vista moral, impecable, puede suponer un punto de inflexión muy peligroso para la libertad y la seguridad jurídica de las personas físicas y jurídicas.

 

Los valedores de esta medida defienden su legalidad, basándola en la función social de la propiedad (33.2 Constitución Española), el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (art. 47 CE), y en la "justicia" como valor supremo de la Constitución.

 

Sin embargo, olvidan los defensores de este decreto, una serie de cuestiones que sitúan esta norma en el umbral de la ilegalidad, y que por ende, puede ser fácilmente recurribles ante el Tribunal Constitucional:

 

A) El Derecho de propiedad está reconocido constitucionalmente (art 33.2 CE); ¿Por qué se produce entonces, un ataque directo al mismo?

 

Es notorio que la situación que vive España es de una precariedad desconocida, no se vivía una situación tan angustiosa desde hace años, y es lógico, que los gobernantes traten de buscar soluciones para resolver problemas tan generalizados como la desigualdad, la pobreza, etc; y otras circunstancias derivadas de las anteriores como son la falta de medios para subsistir, los desahucios etc.

El elemento al que alude el gobierno andaluz para tratar de limitar el derecho de propiedad, es la función social que éste debe cumplir, sin embargo, no parece idóneo poner en cuestión el derecho de propiedad, como instrumento para superar los problemas de la sociedad, pues podrían adoptarse otras soluciones más actuales y modernas, que no pongan en duda un derecho tan crucial como el de propiedad.  De lo contrario, nos estaríamos acercando peligrosamente a otro tipo de regímenes más cercanos al comunismo soviético que a un Estado democrático y de derecho.

Y es que de momento le ha tocado a los bancos, pero ¿qué ocurriría si en un futuro próximo se pone en tela de juicio el derecho de propiedad de las familias, o de las pequeñas empresas?

 

B) La Legislación en materia de expropiación es competencia exclusiva del Estado; ¿Por qué una Comunidad Autónoma se otorga el derecho a establecer sus condiciones en relación al derecho a expropiar?

 

En este sentido, la Ley de Expropiación –en vigor desde 1954– reconoce que la potestad expropiatoria corresponde al Estado, las provincias y los municipios, si bien el propio Tribunal Constitucional ha reconocido también dicha potestad a las autonomías. Pero, en este caso, la iniciativa no tendría que ver con el ejercicio de dicha potestad, sino, con “la regulación de la expropiación forzosa”, que, como establece la Constitución, corresponde en efecto al Estado de forma exclusiva.

Por ello, es factible que el Gobierno termine por llevar el decreto andaluz ante el Constitucional, lo que supondrá que su aplicación se suspenderá y se demorará años, tantos como se tarde en dictar sentencia.

 

C) La libertad como valor superior de la Constitución (art 1 CE) ; ¿Por qué se ataca a la libertad de las entidades bancarias?

 

Parece obvio que la libertad es uno de los derechos que más se pueden resentir con esta medida, y lo que es más peligroso, se abre la puerta para futuros ataques a su integridad.

Puede parecer una exageración, pero pongámonos en el caso de que un próximo decreto de una Comunidad Autónoma, sancione a aquellas familias que matengan su casa desocupada, o peor aún, que se obligue a tener todas las habitaciones de la vivienda habitadas. O por ejemplo, que en una empresa familiar se obligue a sus propietarios a tener sí o sí determinado número de empleados. Hasta ahora estas medidas pueden parecer fantasías, pero un efecto contagio derivado del decreto andaluz, podría conllevar medidas no muy lejanas a las anteriormente citadas.

 

Estas cuestiones son brillantemente analizadas en esta publicación: Diariojurídico.com

 

Por otro lado, desde Morón & Sainz-Ezquerra abogados, creemos que deben distinguirse dos tipos de situaciones:

 

1) Aquellos bancos que han recibido dinero del Estado para poder subsistir,  no sólo se les puede, sino que se les debe exigir ciertos "compromisos sociales". Por lo tanto, parece correcto que un decreto como el andaluz les afecte.

 

2) A los bancos que han cumplido con sus obligaciones, y en los que todo su caudal económico es privado, no habiendo necesitado ayudas públicas, no parece correcto que se les requiera una función social, y que por ende se interfiera en su derecho de propiedad.

 

Con todo, es evidente que las medidas tomadas por la Junta de Andalucía buscan paliar una situación de emergencia de miles de familias, y esto es algo, que desde un punto de vista moral y ético, es de reconocer. Pero no olvidemos que los bancos, al igual que deberes, también tienen derechos , y estos deben respetarse sin límites, más aún si estos son derechos fundamentales.

 

Sin embargo, como hemos visto a lo largo de esta publicación, muchas veces las medidas moralmente aceptables e incluso exigibles, no coinciden con el derecho, y por ende, con la plena legalidad.

 

Habría que recordar, que otras comunidades, entre ellas Canarias, están considerando seriamente seguir los pasos de Andalucía.

 

Ya para finalizar,  se ha de manifestar, que para solventar la situación que vive el país en relación a los desahucios y la vivienda, parecen más acertadas desde un punto de vista jurídico, otro tipo de medidas. Por ejemplo, el pacto con los bancos. Un exponente claro de esta otra estrategia es Asturias.

 

                                             Javier Sainz-Ezquerra Méndez, abogado ejerciente.