Este principio es un instrumento de defensa muy útil,
utilizado habitualmente en el ámbito del derecho penal. No son pocos los
letrados que se refieren a él para defender que la conducta de un acusado
finalmente no sea castigada; también los jueces y fiscales utilizan este
principio como límite a su actuación en los pleitos insertos en la jurisdicción penal, de tal forma que no entran a valorar
aquellas conductas cuya gravedad no alcanza al referido ámbito.
El principio de
intervención minina en el derecho penal, o "principio de ultima
ratio", implica, en primer lugar, que las sanciones penales se
han de limitar al círculo de lo indispensable; y en segundo lugar, que
deben utilizarse solamente cuando no haya otra opción menos restrictiva de
derechos.
Así, hay muchas conductas (posiblemente punibles) cuyo ámbito de
actuación se halla mediante en los límites del derecho civil y del derecho penal,
siendo que el principio de intervención mínima aconseja ceñirlas al ámbito civil,
dejándolas sin efecto en la esfera sancionadora penal.
Por lo tanto, el
principio de intervención mínima se puede manifestar como una herramienta de
defensa para determinados juicios penales, pero también se instituye como un
límite de la función judicial en la aplicación de las penas.
