A menudo llegan a nuestro despacho de abogados, clientes que
quieren comenzar actuaciones judiciales en vía contencioso administrativa o laboral-social.
La mayoría de los asuntos se refieren a sanciones administrativas o
urbanísticas, solicitudes desestimadas o no contestadas por la administración
pública (silencio administrativo), solicitudes de prestaciones a la seguridad
social desestimadadas por ésta, reclamaciones o embargos de la Seguridad Social
derivadas del cobro de prestaciones de la seguridad social indebidamente
cobradas, reclamaciones de impuestos no abonados o abonados de forma irregular
o insuficiente, reclamación de indemnización por responsabilidad patrimonial de
la administración etc, etc.
Algunos de estos asuntos tienen un vicio común, nuestros
clientes no habían agotado correctamente la vía administrativa o laboral
(social). Esto es, no habían hecho uso del derecho-deber de:
En el caso de
asuntos de derecho administrativo: hacer uso de todos los recursos que les
concede la administración para hacer valer sus pretensiones. (Recurso
potestativo de reposición, Recurso de alzada, o para el caso de
reclamaciones de responsabilidad patrimonial, la reclamación previa.)
En
el supuesto de asuntos de derecho laboral-social: hacer uso de la reclamación
previa a la vía jurisdiccional social para el caso de asuntos de seguridad
social, o, papeleta de conciliación ante el SEMAC en el caso de asuntos
de naturaleza laboral.
¿Qué ocurre si no se
hace uso de estos instrumentos previamente a la vía judicial?
Estos recursos y reclamaciones previas tienen una
característica que les une, son requisito esencial previo a la vía judicial.
El no utilizarlos, o no interponerlos en plazo supone el incumplimiento de un
requisito formal inexcusable.
De esta
manera, el resultado inevitable de presentar demanda ante el juzgado de lo
social (laboral) o contencioso administrativo, sin haber agotado la vía previa,
es que el juez nos inadmita la demanda por falta de un requisito esencial: “el
agotamiento de la vía previa".
Dado lo anterior, en muchas ocasiones tenemos
que informar a nuestros clientes de la inviabilidad de presentar una demanda
debido justamente a lo anterior.
¿Cuál
es nuestro consejo a los ciudadanos?
Nosotros siempre aconsejamos a los
ciudadanos que se asesoren. Tanto si se quieren dirigir a la Administración
pública o Seguridad Social, de forma voluntaria (solicitud), como en aquellos
casos donde reciben de estas algún tipo de notificación de sanción
administrativa, reducción de prestaciones, obligación de devolver una cantidad,
etc, etc.
En cualquiera de estos casos, consideramos indispensable que el
interesado esté bien informado desde el principio de sus derechos y deberes. De
ello precisamente, se va a derivar que el cliente tenga más o menos opciones de
obtener un resultado positivo en su asunto.
Ya hemos dispuesto que es
indispensable (requisito esencial), agotar la vía previa para poder ir a la vía
judicial, pero es que además, el contenido de los escritos, recursos, o
reclamaciones que se hagan en vía previa vinculan también a la hora de personarse
en la vía judicial.
Es decir, una buena estrategia en la vía previa puede
otorgar al interesado muchas más opciones de obtener una sentencia favorable en
los juzgados. Del mismo modo, una mala estrategia, así como unos escritos o
recursos previos de baja calidad pueden hacer perder muchas opciones de
victoria en vía judicial.
Por tanto, aconsejamos a nuestros clientes en
particular, y a los ciudadanos en general, que encomienden sus asuntos
sociales, laborales o administrativos (también los otros) a profesionales, y
que lo hagan desde la vía previa. Y es que aun no siendo preceptivo el uso de
abogado en vía administrativa y social previa, sí que consideramos que es
indispensable el asesoramiento por parte de un letrado para aumentar las opciones
de éxito del asunto.
Y es que resulta muy triste informar a un cliente de que su asunto no puede llevarse a juicio porque éste no presentó los recursos y/o reclamaciones procedentes en la vía previa, o hacerle saber que sus opciones de éxito en las instancias judiciales son mínimas por haber hecho unos recursos, reclamaciones previas muy pobres y/o sin cumplir con los requisitos exigidos por la Ley.
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